1. Su profunda condena al violento desalojo realizado por elementos del Ejército Nacional y la Policía Nacional Civil en contra de la manifestación convocada por la Autoridad Indígena ancestral de los 48 Cantones de Totonicapán, en el que murieron ocho personas y más de 34 fueron heridas, el pasado jueves 4 de octubre 2012.
2. La Autoridad Indígena de los 48 Cantones de Totonicapán es una organización ancestral, reconocida por su organización comunitaria y ejemplo en el manejo y la gestión de los bosques y ríos de ese departamento. Convocó la manifestación pacífica y bloqueo de carretera en ejercicio legítimo de su derecho a la resistencia contenido en la Constitución de la República, para exigir ser escuchados por el Organismo Ejecutivo en sus demandas. Ese mismo día 4 de octubre, sus líderes y lideresas viajaron a la ciudad de Guatemala en actitud ciudadana y de paz, buscando el diálogo. Los líderes y representantes comunitarios indígenas esgrimieron sus varas de mando como símbolo de autoridad y legitimidad de sus planteamientos. De conformidad con el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Estado de Guatemala, la Autoridad Indígena de los 48 Cantones de Totonicapán debe ser consultada y debe tomar parte en las decisiones que le atañen.
3. El desalojo violento por elementos del Ejército Nacional y el uso de sus armas de fuego en contra de los manifestantes constituyen un grave acto de abuso de poder, violatorio de los Derechos Humanos de las personas, de la función del ejército en una sociedad democrática y de los derechos a la libre manifestación y a la resistencia garantizados por la Constitución de la República de Guatemala.
4. A la vez que el gobierno recurre a la represión y al uso de la violencia, el mecanismo presidencial de diálogo se ha mostrado totalmente inefectivo para atender la creciente conflictividad social, carece de autonomía respecto a la parte empresarial y es incapaz de encauzar las justas demandas de la población más vulnerable.
Por todo lo anterior:
1. Nos solidarizamos con las familias de las personas fallecidas, con las personas heridas y sus familiares, y con el pueblo de Totonicapán en general.
2. Condenamos la actuación represiva del Ejército Nacional y exigimos al gobierno su retiro inmediato de este tipo de operativos.
3. Exigimos a las autoridades correspondientes la pronta investigación de los hechos y la deducción de responsabilidades a los funcionarios responsables de esta nueva masacre.
4. Exigimos al gobierno de Guatemala la urgente atención y solución a las justas demandas sociales.
5. Pedimos a la comunidad internacional elevar su vigilancia sobre el escalamiento en la violación de los Derechos Humanos en Guatemala, insistiendo en la urgente necesidad de retomar el papel del ejército en una sociedad democrática, tal como fue establecido en los Acuerdos de Paz.
6. Llamamos la atención de la opinión pública nacional e internacional sobre la creciente conflictividad social motivada por la imposición de proyectos de inversión privada en el área rural que no atienden a la voluntad popular, incumplen con mínimos estándares de responsabilidad social empresarial y violan la legislación nacional en materia de derechos individuales y colectivos.
Guatemala, 10 de octubre 2012.
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